Los ingenieros agrónomos y las empresas de AEFA (Asociación Española de Fabricantes de Agronutrientes) que trabajan en el desarrollo de productos fitosanitario de origen biológico encienden la luz de alarma: “es muy difícil luchar contra plagas y enfermedades que se pueden llevar por delante hasta el 40% de la producción de nuestros cultivos si la legislación sigue prohibiendo principios activos de síntesis y ralentizando la llegada al mercado de sustancias de biocontrol. Y lo va a ser mucho más en los próximos años si todo continúa igual”.

Según los ingenieros, el problema se centra en la falta de normativas adecuadas para sus actividades. Entiende que la legislación española ha de modificarse para permitir el uso de diferentes tipos de bioestimulantes, al igual que la UE ha de cambiar el Reglamento 1.107, que regula los productos fitosanitarios. Con este llamamiento se pone de manifiesto una notable falta de conocimiento de la realidad de los problemas que afectan a los cultivos actuales. Es importante salvaguardar la salud humana y proteger al consumidor, pero no por ello hay que dejar indefenso al productor. Posiblemente el desconocimiento del sector primario por parte de los políticos actuales está llevando a un estado de incomprensión que afecta muy negativamente a empresas que están invirtiendo en vano y algunas de ellas pueden morir en el intento.

Los ingenieros mantienen que las dificultades en los procesos de registro imponen una serie de restricciones que “son poco coherentes con el origen de biológico de las soluciones que se desarrollan, lo que dificulta la introducción de alternativas en el mercado.” Con este problema encima de la mesa, los fabricantes ven disminuido su catálogo de productos y los productores se quedan sin herramientas válidas para llevar al consumidor las cantidades de frutas y verduras que demanda el mercado.

Los fabricantes y técnicos no esperan un futuro positivo para este problema. La regulación europea para la Agenda 2030 exige reducir al menos en un 50% el uso de productos fitosanitarios, en un escenario donde cada año se detectan nuevas plagas y enfermedades en el territorio de la UE.

Las consecuencias de todo esto van a ser una reducción notable de las producciones, lo cual va a llevar a un incremento seguro de los alimentos básicos vegetales por la ausencia de un mayor volumen y será finalmente el consumidor, que se quiere proteger, el que pagará las consecuencias.

Por otra parte, la falta de alternativa a tantos fabricantes pondrá en riesgo el mantenimiento del sector y la investigación necesaria para conseguir los productos inocuos deseados.

Es evidente que este asunto adolece de una regulación más acertada por parte de las autoridades que tratan de controlar el registro y uso de estos productos.

José Antonio Gutiérrez