ASAJA expresa su firme rechazo a la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales aprobada  este martes 11 de febrero por el Consejo de Ministros. Esta medida, pactada entre el Gobierno y los sindicatos, se ha impuesto sin tener en cuenta las particularidades del sector agrario y sin consenso con la patronal, lo que generará serias dificultades para las explotaciones agrícolas y ganaderas en todo el país.

Pedro Barato, presidente de ASAJA, ha manifestado que esta decisión "dejará al sector en una situación muy complicada, ya que actualmente ya sufrimos una grave falta de mano de obra en nuestras explotaciones y campañas agrícolas". La reducción de la jornada obligará a contratar más trabajadores para cubrir las mismas tareas, lo que supone un incremento de costes inasumible para muchos productores.

Desde ASAJA se recuerda que, con la actual reforma laboral, solo se pueden realizar contratos fijos o fijos discontinuos, dificultando aún más la adaptación del sector a esta nueva normativa. "No encontramos trabajadores y ahora, además, se encarece el coste laboral, ya que, al reducirse la jornada y mantenerse los salarios, se genera una subida encubierta de sueldos", añade el presidente de ASAJA.

Desde la OPA se subraya que la reducción de jornada no responde a la realidad del campo, donde los trabajos agrícolas dependen de factores como la climatología y los ciclos de producción. "Ya es complicado negociar los convenios con la jornada actual, como para ahora imponer una reducción sin atender a las necesidades reales del sector", se advierte desde ASAJA.

Además, la OPA denuncia que esta medida se ha adoptado sin consultar ni considerar las consecuencias para la agricultura y la ganadería. "Los legisladores desconocen por completo la realidad del campo y legislan desde los despachos, sin escuchar a quienes trabajamos cada día en la producción de alimentos", critica la Organización.

ASAJA trabajará con los grupos parlamentarios para trasladarles la enorme preocupación del sector y exigir que se introduzcan medidas de flexibilidad para la agricultura y la ganadería. "Es imprescindible que tanto el Gobierno como los sindicatos entiendan que las condiciones del campo no pueden equipararse a las de otros sectores y que cualquier modificación en la regulación laboral debe contar con la participación de todos los actores afectados", concluye la organización.

ASAJA seguirá defendiendo los intereses de los agricultores y ganaderos españoles frente a decisiones que comprometan su viabilidad y competitividad.