El Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles el real decreto aprobado el 21 de enero por el Consejo de Ministros que modifica diversa normativa sobre el sistema de información de las explotaciones agrarias para introducir el carácter voluntario de la utilización del cuaderno digital de explotación.

Esta iniciativa forma parte de las 43 medidas comprometidas por el Gobierno el pasado mes de abril para dar respuesta a las preocupaciones de agricultores y ganaderos expresadas en las movilizaciones de los primeros meses de 2024.

El Real Decreto 1054/2022, de 27 de septiembre que regula el Sistema de información de Explotaciones Agrícolas y Ganaderas y de la producción agraria, así como el Registro autonómico de explotaciones agrícolas y el cuaderno digital de explotación agrícola, que ahora se modifica, preveía que el empleo del cuaderno digital de explotación agrícola comenzara a ser obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2024, con una entrada en vigor escalonada, y dejaba exentas a determinadas explotaciones por su pequeño tamaño.

Sin embargo, y en aplicación el compromiso adquirido por el Gobierno, se ha modificado el mencionado real decreto para cambiar el enfoque en el uso del cuaderno digital de explotación, que pasa a ser voluntario de manera temporal y hasta el próximo periodo de programación del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC), a partir de 2027.

Así, los agricultores que, conforme a la normativa de productos fitosanitarios, fertilizantes o intervenciones de la PAC deban cumplimentar un cuaderno de explotación, podrán elegir si prefieren que éste sea mediante la utilización de medios electrónicos o en soporte de papel.

Esta modificación tiene implicación en otras normas conexas relativas al uso sostenible de productos fitosanitarios, y en concreto en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, y el Real Decreto 9/2015, de 16 de enero.

La entrada en vigor de la voluntariedad del uso del cuaderno digital se hace de manera retroactiva a 1 de julio de 2023, para evitar algún tipo de perjuicio a los agricultores que pudiera derivarse del retraso de la publicación de la norma.