El Gobierno regional reclamó del Gobierno central un aplazamiento en la puesta en marcha de determinadas medidas normativas aprobadas en los últimos días del pasado año para regular la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) para el período de programación 2023-27, que aumentan las dificultades de producción para los sectores agrícola y ganadero.

Luengo trasladó esta petición al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en el transcurso de la reunión del Consejo Consultivo de Política Pesquera y Política Agrícola para Asuntos Comunitarios celebrada hoy, que se desarrolló telemáticamente.

El consejero señaló que “es una reivindicación de los agricultores y ganaderos de la Región, que hacemos nuestra, y de la que damos traslado al Ministerio para ver la forma de asimilar de la mejor manera esta inflación normativa mediante la que se desarrolla la nueva PAC, sobre cuyas consecuencias negativas hemos ido dando cuenta según se desarrollaba la negociación con las autoridades europeas y se elaboraba el posterior Plan Estratégico de la misma”.

Luengo explicó que “no sólo se establecen numerosas restricciones al modelo productivo, que hace imposible dar un paso a la hora de producir sin pasar por controles y autorizaciones previas y posteriores, sino que hay una serie de obligaciones de informar a través de una aplicación informática que no existe y es muy difícil que exista al cumplirse el plazo para su puesta en marcha en el mes de septiembre”.

“Pero es que los agricultores y ganaderos tampoco tienen tiempo para conocer qué medidas y regímenes le son de aplicación, ni las organizaciones agrarias y la Administración regional para explicar cómo funcionará el procedimiento por el que cada movimiento que se haga en materia, por ejemplo, de fertilización sostenible, fitosanitarios, nutrición de los suelos, ecorregímenes, etc. ha de ser comunicado registrándolo mediante esa aplicación”, ejemplificó el consejero.

Antonio Luengo indicó que “no sólo nos encontramos ante la dificultad que lleva implícita la sobreabundancia normativa, sino ante una manifiesta burocratización que requiere de una profusa digitalización de los procedimientos y de un cúmulo de asesores de todo tipo para que el sistema pueda funcionar. Y como decía hoy mismo un miembro de las organizaciones agrarias, eso que pretenden que se haga en cinco o diez meses, requiere en realidad de cinco o diez años, por lo que se hacen necesarias una reflexión y una moratoria”.