José Miguel Marín, Presidente de COAG-IR Murcia, ha recordado que “Es imprescindible que se definan las utilidades y funciones del agua con sus correspondientes criterios de gestión, destacando como primordiales los usos de boca o agricultura y cumpliéndose el orden de prelación en los usos del agua dispuestos en la ley, lamentablemente, en la actualidad, el uso industrial se antepone al uso agrícola al no separase del uso de boca, cuando el que sí está claramente vinculado auso de boca sería el de uso agrícola, puesto que los alimentos son aportes de agua importantes para el ser humano”.

COAG-IR, partiendo del principio de que el agua es un recurso escaso considerado como un “bien público” y que, por lo tanto, debe de ser gestionado desde una perspectiva de “interés general”, considera que se deben articular, con urgencia, medidas de la captación de posibles aguas excedentarias en cuencas desde las que pudieran ser trasvasadas.

Por otro lado, debe avanzarse también en la concreción de actuaciones destinadas a la mejora y el desarrollo de la disponibilidad de recursos hídricos a través de la desalación, desalobración, depuración de aguas residuales urbanas e industriales y recogida de aguas pluviales; todas ellas dotadas a partir de tecnologías adecuadas, que están maduras y disponibles, para ser sostenibles y eficientes, energética y económicamente.

Igualmente, es importante impulsar la puesta en marcha de extracciones de agua de la masa de agua del Campo de Cartagena para evitar la entrada de agua con nitratos al Mar Menor y poder reutilizarlas para su uso en regadío, tras su desalobración y desnitrificación de las salmueras resultantes, siempre que al final de dicho proceso quede un residuo sólido, o de fácil eliminación con medios mecánicos, para evitar que se genere un residuo que vaya al mar.

COAG-IR indica que, en relación a toda la problemática de los acuíferos sobreexplotados, sin duda la más grave de nuestra Demarcación, y al objeto de poder disponer de aguas de sustitución a las que no se pudieran extraer de los acuíferos una vez que así se determine en sus Planes de Gestión, debería ser posible la extracción de aguas de acuíferos profundos siempre que sea asumible desde el punto de vista técnico y económico, ya que hoy disponemos de tecnologías adecuadas para proceder a su desalobración por su alto contenidos de sales, y al tratamiento posterior de la salmuera. Se tiene que recordar, en este punto, la necesidad de sustituir el agua para regadíos extraída de acuíferos sobreexplotados antes del año 2027, como se establece en la Normativa.

De inmediato se ha de acometer la construcción de infraestructuras hídricas que eviten, o al menos disminuyan, los daños por las lluvias torrenciales que de manera recurrente se repiten en toda la región y que podrían ser recurrentes en el futuro por el escenario de Cambio Climático, planificando actuaciones en ramblas y demás cauces de dominio público que permitan, además, aprovechar estas aguas para el regadío.

Por otra parte, se ha de cerrar inmediatamente, a la aprobación del Plan Hidrológico, todos los perímetros de los regadíos en la Cuenca del Segura, incluyéndose los perímetros de los denominados “Riegos consolidados” que han de llegar a su fin para evitar posibles fraudes de ley en relación a la aparición de nuevos regadíos. Una asignatura pendiente desde hace décadas que es preciso solventar.

Además, es importante señalar que en la comarca del Altiplano el agua disponible, tanto para abastecimiento como para regadíos y el resto de usos, es la procedente de acuíferos, y que la mayoría de los cuales están severamente sobreexplotados, y dado que cualquier solución para que los núcleos de población de dicha comarca puedan abastecerse con agua de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, se ha de disponer de aguas procedentes del exterior de la comarca.

En la Comarcas en que existan cultivos de secano de carácter social, como es el caso de los viñedos, el olivar, el almendro y las aromáticas, o riegos en precario, se ha de apostar por la existencia de Riegos Sociales, con unas dotaciones de entre 500 y 1.000 M3//Ha/año para estos cultivos que asientan población en el territorio, lo que habrá de inscribirse dentro de la implantación de la nueva política de Desarrollo Rural y su objetivo final de fijar población en el medio rural; así como para evitar los procesos de erosión y el avance de la desertificación, lográndose también un mejor equilibrio del territorio regional.