El Gobierno regional exigió hoy al Gobierno de España la activación de los mecanismos necesarios para fijar el precio del agua desalada para riego en 0,30 euros “que no penalice a los agricultores de la Región de Murcia como viene haciendo en los últimos años, pagando cantidades muy superiores a la media nacional, lo que afecta a la competitividad del sector agrario”.

Así lo expresó el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, tras mantener un encuentro de trabajo con la junta directiva del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, y destacar que “esta posibilidad viene recogida en la Ley 1/2018 de 6 de marzo en su disposición adicional cuarta, que permite adoptar esta decisión ante circunstancias extraordinarias, y el incremento de los costes energéticos es sin duda una de ellas”.

Señaló que “el Gobierno de España solo tiene una hoja de ruta y es la de cerrar el Tajo-Segura y sustituir todos los recursos por agua desalada, sin tener en cuenta el grave perjuicio que esto ocasionará a los regantes, que actualmente pagan sobre 0,70 euros por metro cúbico de agua, una cantidad que podría multiplicarse por dos una vez se revisen las tarifas en base al aumento del coste de la electricidad, lo que contrasta con los 0,04 euros de media que se paga en el resto de España, por lo que el agricultor murciano paga el agua diecisiete veces más cara que la media nacional”.

“A todo ello se suma el coste que las comunidades de regantes tienen que afrontar por el gasto energético, que ya desde hace meses están teniendo que afrontar tratando de que no repercuta en el consumidor, algo que cada vez se hace más complicado”, avisó el consejero.

Alegaciones

En otro orden, el encuentro sirvió también para analizar el avance de las alegaciones que se están ultimando a los Planes Hidrológicos del tercer ciclo de planificación (2022-2027) impulsados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y que “prevén recortar un tercio del agua del trasvase que llega al Levante español, lo que supondrá contar con 100 hectómetros menos cada año”.

Luengo recordó que el Grupo de Trabajo de Planificación Hidrológica, impulsado por la Consejería, está trabajando en el estudio y preparación de sugerencias y alegaciones al proceso de planificación hidrológica para conocer la situación de los caudales ecológicos, la hidrología actual y futura de la cabecera del Tajo, el impacto de todo ello sobre la operatividad del trasvase, y la evaluación de algunos efectos fundamentales sobre la cuenca del Segura.

“Los primeros análisis evidencian que se produciría un recorte de 100 hm3/año, pero también se están estudiando con detalle la evaluación de recursos disponibles en cabecera o la idoneidad de los métodos empleados por el Ministerio para evaluar los caudales ecológicos”, concluyó el consejero.