“Se da la circunstancia de que desde el año 2018, en el que Teresa Ribera tomó posesión como ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, nos han quitado uno de cada cuatro litros para abastecimiento humano y regadío, afectando gravemente a las provincias de Murcia, Almería y Alicante, y mermando el desarrollo económico, social y medioambiental del sureste”, destacó Luengo.

Ambos consejeros mostraron su “preocupación por una política que más allá de ser anti trasvasista se puede definir como anti Tajo-Segura, ya que es la única conexión de cuencas que cuestiona el Gobierno de España, y la situación se agrava, mes a mes, con nuevos recortes o con parones como los anunciados recientemente para la realización de obras que dejan sin servicio a la infraestructura”.

En total, y sólo durante el periodo de los últimos tres años, se ha producido un recorte de 101,4 hm3 de los volúmenes de agua trasvasados, pues se han autorizado con 328,2 hm3 respecto al volumen propuesto por la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, que ascienden a 429,6 hm3.