El Gobierno de la Región de Murcia, encabezado por el presidente Fernando López Miras, se suma a la protesta convocada por el Círculo por el Agua y el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) en defensa del trasvase Tajo-Segura, que tendrá lugar el próximo lunes, 24 de mayo, en Madrid.

En este sentido, pide al Gobierno de España que, con carácter de urgencia, abra un diálogo con todas las comunidades autónomas implicadas, en aras a lograr un consenso respecto a una eventual modificación que afecte a los volúmenes del trasvase. Un encuentro en el que también se escuche a la Región de Murcia y Andalucía, quienes junto a la Comunidad Valenciana solicitaron una reunión conjunta para la que no se tiene respuesta.

El Ejecutivo regional, a través de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, asegura que no hay criterios técnicos que avalen los posibles cambios en el trasvase Tajo-Segura y afirma que la opción no pasa por disminuir los volúmenes a trasvasar, sino por actuar en origen, mediante inversiones decididas tendentes a lograr una óptima depuración de las aguas residuales, evitando así la contaminación de los cauces.

En esta dirección, el Gobierno regional muestra su disposición al diálogo con el Ministerio para la Transición Ecológica, con el que ha compartido todos los informes y estudios independientes, y subraya que es imprescindible reforzar las inversiones en depuración en la cuenca del Tajo, como ya se demostró en el río Segura, con el Plan de Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia desde el año 2000, ejemplo de recuperación ambiental de un río, de una manera pionera a escala mundial. Esta actuación fue reconocida como finalista en 2016 del International River Prize, que otorga la International River Foundation a los mejores proyectos de restauración, protección y gestión sostenible de ríos y humedales en todo el mundo.

Un problema que afecta a todas las comunidades autónomas

En este contexto, el tema del agua debe ser tratado como un asunto de Estado, como ha venido siendo desde que el trasvase entrara en vigor hace 42 años. Hay que recordar que en la actualidad hay cerca de 40 trasvases en funcionamiento en España, que se encargan de gestionar los excedentes de agua, para transportarla hacia lugares donde ésta es deficitaria.

El agua debe tener un tratamiento similar al de la energía eléctrica u otros recursos, ya que es un bien de dominio público estatal, que no pertenece a ningún territorio en particular sino al conjunto del Estado. De ello se deriva la importancia fundamental de impulsar un nuevo Plan Hidrológico Nacional, que establezca claramente nuevas reglas en clave nacional para garantizar el abastecimiento de las cuencas.

Más de 3.000 millones de euros y más de 100.000 puestos de trabajo en juego

Según un reciente estudio presentado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, gracias al agua del trasvase se genera una dinamización económica en la zona de Levante que aporta 3.013 millones de euros al PIB y el 20 por ciento de la riqueza de la Región.

Por otro lado, más de 106.000 empleos dependen del agua que aporta esta infraestructura y se mantienen gracias a la actividad que genera el trasvase Tajo-Segura. Las tres provincias receptoras de agua del trasvase (Murcia, Alicante y Almería) producen alrededor del 70 por ciento de las hortalizas que se exportan, y un 29 por ciento de la de frutas, utilizando solo un 3 por ciento del agua de regadío de España. Es decir, el 44 por ciento del total de frutas y hortalizas que se exportan a Europa, con origen en España, proceden de Alicante, Almería y Murcia, aproximadamente, 6.100.00 toneladas de producción.

Asimismo, la masa forestal generada a partir del agua del trasvase supone el único freno a la desertificación del sureste español y es un eficaz sumidero de CO2, que permite eliminar al año más de un 1.200.000 toneladas de CO2 gracias a los cultivos y árboles que riega.