En concreto, Luengo detalló que "estamos trabajando para incluir en esos ecoesquemas las actuaciones para mitigar el avance de la desertificación, por un lado, y medidas enfocadas a zonas sensibles a nitratos, que beneficien a aquellos agricultores que usen sistemas de fertilización orgánica o biofertilizantes".

La próxima PAC incluye el término ecoesquema para definir una nueva intervención, incluida en el primer pilar de la PAC, basada en prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente. Éstas han de responder a tres objetivos específicos en materia medioambiental, relativos al cambio climático y la energía sostenible; el desarrollo sostenible y la gestión eficiente de los recursos naturales; y la protección de la biodiversidad, la conservación de los hábitats y los paisajes.

En cuanto al primer ecoesquema, el titular de Agricultura explicó que "la lucha contra la desertificación es una acción medioambiental prioritaria que en la Región se ha desarrollado históricamente mediante técnicas de cultivo tanto en secano como en regadío. La sola actividad agraria es un freno a la desertificación, ya que la agricultura es sumidero de CO2, por lo que mantener la actividad agraria es un servicio ambiental de lucha contra el cambio climático, si bien hay determinadas técnicas o acciones que pueden influir positivamente en aspectos como la reducción de la erosión y, en consecuencia, frenar la desertificación como son la aportación de purines procesados por inyección en superficies de cultivo con o sin cobertura vegetal, minimizar las emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero o el mantenimiento de la biodiversidad".

Con el segundo ecoesquema, todavía en fase de estudio, "se pretende incentivar la aplicación de medidas que disminuyan el aporte de nitratos al suelo y a los acuíferos, apostando por sistemas de fertilización orgánica o biofertilizantes, la innovación en el ciclo de cultivos y la monitorización para mejorar los resultados de eficiencia".

"La concepción de la PAC ha cambiado y debemos ser conscientes de que toda ayuda para agricultores y ganaderos debe ir aparejada a mejoras medioambientales, ya que en caso de que el beneficiario de las ayudas no acepte estos compromisos supondría que cada agricultor y ganadero podría perder entre el 20 y el 30 por ciento de las ayudas, tal y como ha propuesto el Parlamento Europeo", explicó el consejero.

No obstante, habrá un período de dos años para adaptarse a las nuevas exigencias, aunque los fondos no utilizados podrían destinarse a otros fines.